En el marco de la transición política en Venezuela, Delcy Rodríguez, sucesora Nicolás Maduro, firmó el Decreto N.º 5.248, mediante el cual dispuso la eliminación y liquidación de siete organismos que formaban parte del aparato institucional construido por el chavismo en más de dos décadas de gestión.
La medida impacta directamente en fundaciones, misiones sociales y un organismo clave en materia de inteligencia y seguridad, todos dependientes del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.
Los organismos alcanzados por el decreto
Uno de los entes más relevantes que deja de existir es el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa).
Creado en 2013, tenía como función central coordinar información vinculada con seguridad, defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores.
Su misión era concentrar y articular datos considerados estratégicos para el Estado.
También fue eliminada la Fundación Propatria 2000, encargada de ejecutar obras de infraestructura y proyectos especiales. Esta institución acumuló múltiples denuncias por presuntas irregularidades.
Entre 2013 y 2015, el programa “Gimnasios Verticales” fue cuestionado por la adjudicación de contratos millonarios a empresas sin experiencia y con presuntos vínculos irregulares, algunas investigadas por lavado en Colombia y Panamá.
Informes señalaron sobreprecios, trabajos inconclusos y transferencias sospechosas desde el Banco de Venezuela. Se estima que parte de los recursos se habrían desviado a través de contratistas vinculados al régimen.
Otra baja significativa es la Fundación Misión Jóvenes de la Patria “Robert Serra”, que promovía iniciativas de formación, producción y emprendimiento para jóvenes. Con su supresión, estos programas dejan de depender del despacho presidencial.
Oficinas y misiones que dejan de operar
La reestructuración también alcanza a la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), creada en 2011 para coordinar desarrollos urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos.
Reportes previos habían advertido sobre contrataciones directas sin licitación en obras emblemáticas como el mausoleo de Bolívar, además de proyectos inconclusos o con presunta sobrevaluación.
Transparencia Venezuela y otras organizaciones denunciaron falta de transparencia en la asignación de contratos y posibles desvíos de fondos.
Entre los organismos suprimidos figura además la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), activa desde 1986 en tareas de prevención y tratamiento del consumo de drogas.
El listado se completa con la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez, que desde 2016 impulsaba planes socio-productivos en áreas agroalimentarias, farmacéuticas e industriales, y la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, creada en 2015 para atender zonas fronterizas y cuestiones de seguridad.
Qué cambia a partir de ahora
El Decreto N.º 5.248 ordena la inmediata apertura del proceso de liquidación de estos entes y la conformación de una junta encargada de supervisar el cierre administrativo, la revisión patrimonial y la adecuación institucional.
No todas las funciones desaparecerán. La tarea de prevención de adicciones que desarrollaba Fundaribas será asumida por la Fundación Misión Negra Hipólita, mientras que la gestión de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz quedará bajo la órbita de la cancillería.
Por su parte, el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción y la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida pasarán al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
La Fundación Radio Miraflores dependerá del Ministerio de Comunicación e Información.
Asimismo, el Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes quedará bajo el Ministerio de Educación, y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez pasará al Ministerio de Educación Universitaria.
El texto oficial sostiene que la reorganización “resulta obligatoria para adecuar la gestión pública a los objetivos actuales”.
La disposición entró en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial y representa una modificación profunda en la estructura administrativa vinculada a programas sociales y áreas estratégicas del Estado venezolano.
