jueves, 1 octubre, 2026
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El Gobierno interpretó el fallo del STJ como un respaldo a la política salarial basada en recursos disponibles

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El pronunciamiento del Superior Tribunal de Justicia (STJ) fue leído por el Gobierno provincial como una validación de su criterio a la hora de definir aumentos salariales, priorizando la disponibilidad real de fondos y el equilibrio de las cuentas públicas.

La responsabilidad en el manejo del presupuesto

Desde el Ejecutivo remarcaron que cualquier decisión en materia salarial se tomará con criterios de responsabilidad, asegurando el cumplimiento del pago de sueldos.

En ese sentido, subrayaron que es el propio Gobierno quien tiene la potestad de administrar el Presupuesto y establecer las políticas vinculadas a los ingresos de los trabajadores estatales.

El rol del Ejecutivo en la actualización salarial

El ministro de Gobierno, Julio Ferro, explicó que el fallo establece que será el Ejecutivo el encargado de definir un esquema alternativo para actualizar los salarios.

Esta herramienta deberá ajustarse a la situación económica de la provincia y a los recursos efectivamente disponibles.

Según indicó el funcionario, la resolución judicial descarta la aplicación obligatoria de mecanismos automáticos, como la cláusula gatillo, y pone el foco en la necesidad de adaptar las decisiones salariales al contexto financiero.

Un respaldo a la postura oficial

Ferro consideró que la decisión del máximo tribunal coincide con la línea que viene sosteniendo el Gobierno provincial.

En ese marco, insistió en que cualquier recomposición debe ser sustentable y no comprometer el funcionamiento del Estado.

Además, sostuvo que el fallo avala una administración basada en el uso cuidadoso de los recursos, evitando generar obligaciones que luego resulten difíciles de cumplir.

El desafío de recomponer ingresos sin desordenar las cuentas

Por último, el ministro aseguró que el Ejecutivo seguirá avanzando en alternativas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque dentro de un esquema que garantice previsibilidad y equilibrio económico.

De esta manera, el Gobierno busca compatibilizar la necesidad de actualización salarial con las limitaciones presupuestarias actuales.

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