Una mujer de 38 años fue detenida en Las Breñas tras quedar involucrada en una causa judicial por la presunta utilización de documentación apócrifa para acceder a cargos docentes en el área de Química.
La investigación es encabezada por la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Charata, a cargo de Fernando Ojeda.
De acuerdo con la información oficial, la acusada habría presentado certificados adulterados ante el Ministerio de Educación con el objetivo de obtener horas cátedra en establecimientos educativos de la zona.
Detectaron inconsistencias en los certificados
La maniobra salió a la luz luego de que se detectaran irregularidades en los documentos que acreditaban a la mujer como profesora recibida.
A partir de esa situación, se solicitaron informes al Instituto Superior de la UEGP N° 57 “Fray Mamerto Esquiú” de Charata, donde la mujer cursaba el Profesorado de Educación Secundaria en Química.
Desde la institución confirmaron que la estudiante todavía adeuda 18 materias de la carrera, incluso algunas correspondientes al primer año, por lo que no estaba habilitada para contar con un título ni con certificados finales.
El número del analítico pertenecía a otra escuela
Durante la investigación también se comprobó que el número del certificado analítico presentado no pertenecía al instituto de Charata.
Según indicaron las autoridades, esa numeración correspondía a una institución educativa de Resistencia, que realizó una denuncia formal el martes 12 de mayo después de advertir que la documentación presentada era falsa.
La mujer permanece detenida
La acusada fue alojada en la Comisaría de Las Breñas, donde este viernes se concretó oficialmente su detención.
Se prevé que el próximo martes sea convocada a declarar ante la Justicia en el marco de la causa.
Por el momento, enfrenta imputaciones por falsificación de documento público y uso de documento falso.
Analizan si llegó a dar clases o cobrar haberes
La causa podría sumar nuevas acusaciones si se confirma que la mujer llegó a desempeñarse como docente o percibió salarios en establecimientos educativos.
En ese caso, podrían incorporarse los delitos de usurpación de título y estafa.
Mientras tanto, la Justicia espera informes del Ministerio de Educación y de la Dirección Regional Educativa para determinar si efectivamente accedió a cargos docentes utilizando la documentación cuestionada.
