La Justicia extendió la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, quien continuará cumpliendo en su departamento de San José 1111 la condena a seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 después de evaluar el cumplimiento de las condiciones fijadas para la modalidad de detención.
Los controles que avalaron la continuidad
El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu sostuvo que la expresidenta cumplió adecuadamente con el deber de permanencia y con las pautas establecidas para las visitas.
La conclusión se basó en los informes elaborados por los organismos encargados de supervisar la prisión domiciliaria y en los registros del monitoreo electrónico.
La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) realizaron los controles correspondientes.
En su informe trimestral, la DCAEP indicó que llevó adelante entrevistas domiciliarias aleatorias y que Fernández de Kirchner respondió a los requerimientos con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso con los profesionales.
Durante el período revisado, la expresidenta solo tuvo una salida autorizada por la Justicia, destinada a una consulta médica. De acuerdo con el informe, se desarrolló sin inconvenientes. Las visitas recibidas en el domicilio también se ajustaron a los permisos otorgados por el tribunal y solo se consignó una demora de una visitante, que fue explicada posteriormente.
El dispositivo electrónico no registró inconvenientes. El tribunal también analizó las movilizaciones realizadas frente al domicilio y concluyó que no hubo conductas que perturbaran la tranquilidad del vecindario ni quejas de los vecinos.
El departamento continúa alcanzado por un embargo
La continuidad de la prisión domiciliaria se conoció luego de que el TOF N.º 2 confirmara el embargo preventivo de distintos bienes de Cristina Kirchner y de otros condenados en la causa Vialidad. Entre los inmuebles incluidos se encuentra el departamento de San José 1111.
La medida patrimonial busca garantizar un eventual decomiso equivalente al perjuicio económico determinado en el expediente, estimado en alrededor de $685.000 millones. El objetivo es que el Estado pueda recuperar el monto asociado al daño económico establecido judicialmente.
La extensión de la prisión domiciliaria y el embargo son decisiones diferentes, aunque recaen sobre el mismo inmueble. La primera regula las condiciones en las que Cristina Kirchner cumple la condena; la segunda procura preservar bienes ante una eventual confiscación vinculada con el perjuicio económico establecido en la causa.
Los otros departamentos bajo análisis
El edificio de San José 1111 también quedó bajo la lupa por la compra de un departamento ubicado debajo del que ocupa la expresidenta. El inmueble fue adquirido por María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora vinculada a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Según declaró ante la Justicia, la adquisición tenía como objetivo que el departamento fuera utilizado por una fundación, aunque la explicación sobre el destino de la propiedad quedó bajo análisis en el marco de las actuaciones judiciales.
Además, el senador nacional peronista Mariano Recalde es propietario de otro departamento en el mismo edificio, ubicado en el primer piso.
