viernes, 16 octubre, 2026
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La causa contra Kumiega sumó historias clínicas, medicamentos y equipos secuestrados

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Historias clínicas, documentación, medicamentos y dispositivos electrónicos quedaron a disposición de la Justicia tras tres allanamientos en Resistencia por la investigación de una denuncia de presunta mala praxis contra el ginecólogo Gustavo Kumiega.

Los operativos fueron realizados este viernes por el Departamento Lucha Contra la Trata de Personas, con orden judicial solicitada por la Fiscalía de Investigación Penal Nº 6. Luego del procedimiento en una vivienda de calle Jujuy, la autoridad judicial ordenó la detención del médico.

Un celular y 87 cajas de medicamentos en calle Jujuy

En el domicilio de Jujuy al 500, los efectivos retiraron un teléfono celular, recetarios y documentación de interés para la causa. También incautaron 87 cajas cerradas de medicamentos, cuya posible vinculación con otras investigaciones deberá analizarse.

Los registros reunidos en Femechaco y el Centro Médico Carrillo Osjera

El sanatorio Femechaco, situado en San Lorenzo al 100, fue otro de los establecimientos allanados. Allí se secuestraron registros de ingresos y hospitalizaciones, historias clínicas, información sobre medicamentos, un informe de anatomía patológica y un libro de patología, además de otros documentos relacionados con la investigación.

En el Centro Médico Dr. Ramón Carrillo Osjera, sobre Ameghino al 700, se incautaron una computadora y un dispositivo de almacenamiento USB. El secuestro incluyó medicamentos ginecológicos: óvulos vaginales, comprimidos, cápsulas y preparados de uso tópico y estético.

El material será analizado para avanzar con la investigación

Todo lo recogido quedó bajo custodia policial y a disposición de la Justicia. Los tres procedimientos concluyeron sin personas lesionadas ni daños materiales.

La causa se inició a partir de la denuncia de una mujer y continúa para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar eventuales responsabilidades. La denuncia por presunta mala praxis no demuestra por sí misma responsabilidad penal: esa definición corresponde al proceso judicial.

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