Pese al revés judicial, el Ministerio de Seguridad confirmó que el protocolo seguirá aplicándose, luego de que el juez Martín Cormick declarara su nulidad.
La ministra Alejandra Monteoliva aseguró que la medida quedó suspendida tras la apelación.
Apelación con efecto suspensivo
El Gobierno nacional formalizó la apelación al fallo del juez federal Martín Cormick, quien había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad.
Desde la cartera que conduce Alejandra Monteoliva aclararon que, al haber sido aceptado el recurso con “ambos efectos”, la resolución del magistrado queda suspendida mientras la Cámara Federal analiza el caso.
En consecuencia, el protocolo continúa vigente y puede seguir aplicándose en las manifestaciones, según indicaron fuentes oficiales.
La postura del Ministerio de Seguridad
A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la ministra Monteoliva sostuvo: «El Protocolo sigue vigente.
La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del Protocolo».
Y agregó: «Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras».
El fallo que lo anuló
El juez Martín Cormick había hecho lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), lo que motivó la anulación del protocolo antipiquetes.
En su fallo, Cormick consideró que la resolución 943/23, que dio origen al protocolo, era ilegítima. «Se conforma -de manera manifiesta- la ilegitimidad de la Resolución 943/23 y -en consecuencia- corresponde declarar su nulidad», argumentó.
También señaló que el acto carecía de los requisitos establecidos en la Ley 19.549, que regula los actos administrativos, lo que impedía considerarlo válido desde el punto de vista jurídico.
Qué deben hacer las personas afectadas
El juez indicó además que las personas que se consideren perjudicadas por la aplicación del protocolo podrán presentar denuncias individuales ante la Justicia Penal, que será la encargada de evaluar cada caso conforme a las competencias que establece la ley.
