La Justicia venezolana comenzó a ejecutar la liberación de 379 personas detenidas por motivos políticos, luego de que la Asamblea Nacional aprobara una ley de amnistía que apunta a cerrar causas abiertas en las últimas décadas.
La decisión se conoció el viernes por la noche y forma parte de las primeras medidas adoptadas por el gobierno interino en el nuevo escenario institucional del país.
Cómo se implementará la medida
El anuncio estuvo a cargo del diputado oficialista Jorge Arreaza, quien tiene bajo su órbita la supervisión del cumplimiento de la norma.
El dirigente explicó que las excarcelaciones debían concretarse “entre la noche de hoy y la mañana de mañana”, una vez que la ley recibió el aval parlamentario.
El texto ya fue remitido a los tribunales correspondientes para que otorguen las medidas de amnistía caso por caso, paso necesario para que cada detenido pueda recuperar la libertad.
Un giro político tras la captura de Nicolás Maduro
La decisión judicial se produce semanas después de la detención del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ocurrida el 3 de enero.
Ese episodio alteró el equilibrio de poder en Venezuela y dio lugar a la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina.
En ese contexto, la amnistía se convirtió en una de las primeras resoluciones de peso impulsadas desde el nuevo liderazgo.
Según manifestó Delcy Rodríguez, la iniciativa representa un avance hacia “una Venezuela más democrática, más justa y más libre” y constituye un gesto orientado a la reconciliación.
Qué contempla la ley aprobada por unanimidad
La normativa fue respaldada por unanimidad en la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, y alcanza delitos de carácter político cometidos entre 1999 y 2025. No obstante, su alcance no es absoluto.
Quedan excluidos quienes enfrentan acusaciones por “acciones armadas” o por delitos considerados graves, como terrorismo.
Esto implica que tanto civiles como militares involucrados en ese tipo de causas no estarán comprendidos dentro de los beneficios establecidos.
Persisten cuestionamientos y reclamos
Desde la ONG Foro Penal advirtieron que el proceso no será automático. Su director señaló que, si bien desde principios de enero ya hubo liberaciones condicionales, todavía permanecen detenidos casi 650 presos políticos.
Ante las críticas, se dispuso la conformación de una comisión parlamentaria destinada a revisar los expedientes que no estén contemplados en la ley, en respuesta a los pedidos de familiares y organizaciones de la sociedad civil.
Diversos organismos de derechos humanos valoraron la liberación de quienes salgan de prisión, pero remarcaron que la amnistía no implica por sí sola una reforma estructural del sistema judicial ni garantiza la excarcelación inmediata de todos los detenidos por razones políticas.
Por eso, insisten en la necesidad de cambios más profundos que aseguren el respeto pleno de las libertades fundamentales.
