La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso pausar todas las acciones judiciales vinculadas al caso por la expropiación de YPF y, de esa manera, le otorgó un alivio momentáneo a la Argentina.
La medida se mantendrá vigente hasta que se resuelva la apelación principal sobre el fallo que condenó al país a pagar una suma millonaria.
Una pausa clave en medio del litigio
El tribunal de alzada del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que no se podrá avanzar con ejecuciones ni nuevos procedimientos relacionados con la causa hasta tanto se defina si corresponde o no la sentencia de primera instancia.
Ese fallo, dictado por la jueza Loretta Preska, estableció que la Argentina debía abonar cerca de USD 18.000 millones, incluyendo los intereses acumulados desde 2023.
La decisión actual implica que, por el momento, quedan congelados todos los reclamos derivados de esa condena.
El planteo que impulsó el Gobierno
La solicitud para frenar el avance de la causa fue presentada por Sebastián Amerio, quien recientemente asumió al frente de la Procuración del Tesoro.
El funcionario pidió de manera urgente que se detuvieran las medidas en curso mientras la Cámara analiza la cuestión de fondo: es decir, si el fallo original fue correcto o no.
La aceptación de ese planteo representa un paso favorable para la estrategia judicial del país.
Burford Capital, obligado a esperar
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del fallo contra la Argentina, había activado distintos mecanismos para acelerar el cobro.
Entre sus pedidos figuraban:
- La transferencia de acciones
- La declaración de desacato contra el Estado
- La intención de demostrar que YPF y el Estado son una misma entidad
Tras la resolución de la Cámara, todas esas iniciativas quedan en suspenso.
Además, el fondo había sostenido que la Argentina tenía pocas probabilidades de éxito en la apelación y que la demora le generaba perjuicios, argumentos que ahora quedaron sin efecto inmediato.
La definición, en manos de tres jueces
El futuro del caso depende de lo que resuelvan los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, integrantes de la Cámara de Apelaciones.
Si bien no hay un plazo establecido, fuentes señalan que este tipo de decisiones suele conocerse en un lapso de seis a doce meses. Ya transcurrieron cinco desde la audiencia de apelación realizada en octubre del año pasado.
Algunos especialistas interpretan la suspensión como un indicio de que el fallo podría conocerse en un plazo cercano.
Qué puede pasar con el fallo
La Cámara tiene tres alternativas principales:
- Determinar que la jueza Preska se equivocó, lo que favorecería a la Argentina
- Confirmar completamente la sentencia, lo que obligaría al país a pagar la suma fijada
- Introducir cambios, como revisar el monto o la jurisdicción del caso
En este último escenario, la causa podría volver a instancias anteriores para recalcular la compensación.
Un alivio temporal, pero sin definición
Por ahora, la resolución le da tiempo a la Argentina y frena los intentos de cobro inmediato. Sin embargo, la decisión final todavía está pendiente y será determinante para el desenlace del conflicto.
En el Gobierno mantienen expectativas moderadas y consideran que incluso una revisión parcial del fallo podría resultar beneficiosa.
