La Provincia del Chaco cumplió este 13 de agosto con un nuevo vencimiento del bono internacional emitido para afrontar pasivos judiciales históricos. Con este pago, la administración provincial completó la sexta de las nueve cuotas previstas.
El desembolso fue de 34 millones de dólares y, según confirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, el compromiso fue cancelado en tiempo y forma.
El Gobierno provincial destacó el ordenamiento de las cuentas públicas
Desde el área económica remarcaron que el pago forma parte del programa de ordenamiento y fortalecimiento de las cuentas públicas impulsado por la gestión provincial.
El Gobierno señaló que la regularización de pasivos heredados es una de sus prioridades, sin afectar la operatividad del Estado. También sostuvo que el cumplimiento de los vencimientos busca reforzar la confianza ante los mercados de crédito y los inversores institucionales.
“El cumplimiento de los compromisos internacionales no es solo una obligación contable; es el cimiento de la seguridad jurídica que la provincia necesita para proyectar credibilidad, captar inversiones productivas y generar empleo privado sustentable”, indicaron desde el área económica.
Quedan tres cuotas para cancelar el bono
Con la cancelación de este tramo, el instrumento financiero ingresa en su fase final de amortización. De acuerdo con el Gobierno provincial, esta situación permitirá mejorar la previsibilidad sobre el flujo de fondos durante los próximos ejercicios presupuestarios.
La administración encabezada por el gobernador Leandro Zdero aseguró que continuará con una política orientada a fortalecer la solvencia institucional y consolidar condiciones para atraer capitales.
La Provincia busca dar señales de confianza para inversiones
Desde el Ejecutivo provincial plantearon que el cumplimiento de los compromisos asumidos representa una señal de seguridad jurídica y previsibilidad financiera.
El Gobierno sostiene que Chaco transita una etapa destinada a posicionar a la provincia como un territorio apto para proyectos de infraestructura, agroindustria y otras actividades productivas. También vinculó esta estrategia con el objetivo de impulsar inversiones y generar empleo privado sustentable.
