El Gobierno británico confirmó ante la Cámara de los Comunes que toda nueva licencia petrolera en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado de Asuntos Exteriores.
La decisión se comunicó en un período de renovada tensión con la Argentina por la explotación de recursos en las aguas cercanas al archipiélago.
El Foreign Office tendrá la última palabra
El requisito alcanza a los permisos de explotación otorgados bajo la legislación local. El 15 de septiembre, el Foreign Office había enviado una nota a la Cámara de los Comunes para advertir que el secretario de Estado debía consentir las nuevas licencias de hidrocarburos; la respuesta de ayer ratificó esa condición de forma más enfática.
El Gobierno de las islas prorrogó por cinco años, con opción a dos más las licencias de Sea Lion. En su comunicado afirmó que contaba con el firme apoyo del Reino Unido. Londres no aclaró si intervino en esa autorización: el yacimiento opera con permisos existentes, extendidos recientemente, y su primera producción está prevista para 2028.
Sea Lion, en el centro de las consultas
El Partido Conservador llevó el tema al Parlamento. Lord Moynihan, integrante de la Cámara de los Lores, preguntó a Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario del Foreign Office, por los permisos del proyecto. El funcionario no confirmó ni negó una intervención británica anterior, pero sostuvo que las licencias futuras deberán ser autorizadas por esa cartera.
La decisión se conoció en medio de acciones sancionatorias anunciadas por el Gobierno argentino y de una caída bursátil para las compañías involucradas: Rockhooper perdió 17,9% en la Bolsa de Londres y Navitas bajó 11,5% en Tel Aviv durante septiembre. Halliburton Company decidió no prestar servicios para el proyecto marítimo.
Los conservadores plantean compartir regalías
En Westminster también comenzó un debate sobre la posibilidad de exigir que las regalías de la explotación petrolera se compartan con el Reino Unido. El Partido Conservador propone destinar esos recursos a cubrir gastos de defensa de las islas, que figuran en el presupuesto británico y ascienden a unas 75 millones de libras esterlinas por año.
Según los conservadores, compartir los ingresos permitiría liberar fondos para el presupuesto de defensa del Reino Unido, cuya reducción progresiva desde 2016 vincularon con la salida británica de la Unión Europea, conocida como Brexit, y con los pedidos de la OTAN. También sostienen que la medida aliviaría la carga de los contribuyentes británicos.
